El proyecto equipara el papel -altamente biodegradable- con los productos altamente contaminantes como baterías, pilas, aceites lubricantes, aparatos electrónicos y neumáticos, y quiere hacer responsables a los editores con respecto al destino final de sus productos, una vez terminada su vida útil (una vez leídos) y entrega al Ministerio del Medio Ambiente la facultad para fijar el volumen de cuotas (toneladas) de recolección y reciclaje del papel so pena de multas e incluso la prohibición de venta. La autoridad desconoce (y destruiría) la realidad de la industria de reciclaje de papel que ya existe en el país, que beneficia muchos pequeños recolectores.
Además, por primera vez en la historia de la legislación chilena, que desde 1812 garantiza la libertad de prensa, se requeriría de una autorización previa por parte del Ministerio de Medio Ambiente para vender un diario, periódico o revista en el país. Esto es algo inédito en Chile y es contrario a las garantías constitucionales de informar y emitir opinión de cualquier forma y por cualquier medio y, especialmente, sin ninguna sujeción a la autoridad de turno.
(Extraído de entrevista en El Mercurio, 21/06/2015).
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